La justicia civil requirió insistentemente los antecedentes del denominado “informe Berríos” que la congregación no accedió a entregar amparándose en el secreto de la vía canónica. La fiscal Yazmín Salech consiguió una autorización judicial para allanar sus dependencias.
País 03/10/2022
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La investigación judicial en el caso de la denuncia de connotación sexual que pesa sobre Felipe Berríos, actualmente suspendido de su ejercicio sacerdotal, derivó en un trámite que este lunes lideró la PDI, informa La Tercera.
Respaldados por una orden judicial, efectivos de la Brigada de Delitos Sexuales se constituyeron esta mañana en dependencias de la Compañía de Jesús con la intención de obtener información previa y reiteradamente denegada por la congregación.
Específicamente, el propósito de la diligencia era incautar la investigación canónica encargada a la abogada María Elena Santibáñez por la propia congregación cuando se hizo pública la grave denuncia que pesa sobre Berríos que tiene como protagonista a una mujer que actualmente tiene 32 años.
La acusación patrocinada por Fundación para la Confianza, se circunscribe a una traumática experiencia que la denunciante dice haber tenido cuando era adolescente, en momentos en que su familia se acercó a Berríos buscando contención emocional tras enfrentar la traumática pérdida de una tía en el contexto de una tragedia aérea en Perú.
Respecto del trámite de este lunes, se efectuó luego de que la Fiscalía Sur solicitara en reiteradas oportunidades la información para avanzar en la causa penal a la que se le dio curso luego de que abrió luego de que el acusado se “autodenunciara” ante la justicia civil, para demostrar su inocencia de los hechos sobre los que se ha detallado existen otras víctimas que, de momento, han desestimado denunciarlo.
Sin embargo, pese a el Ministerio Público ha insistido en la solicitud de los antecedentes, la congregación los negó apelando al secreto de la vía canónica.
Tras no poder acceder a la documentación, la fiscal Yazmín Salech consiguió una autorización judicial para obtener el denominado “Informe Berríos” en el que Santibáñez le otorgó verosimilitud a la denuncia.
De momento, se espera que la PDI confirme en las próximas horas si pudo obtener la documentación que, de acuerdo a lo que informó la Compañía de Jesús, fue enviada al Vaticano para darle continuidad al respectivo proceso canónico.
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Asimismo se realizaron 1.149 controles preventivos y se cursaron 158 infracciones, de las cuales 154 fueron al tránsito y 4 por ley de alcoholes.
Participa el Colegio Médico, autoridades directivas y académicas de la UNAP, directores de los hospitales de Iquique y de Alto Hospicio, profesionales del Gobierno Regional, de la Seremi de Salud y representantes de la Clínica Iquique, y Clínica Tarapacá.
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Liliana Romero Quezada, directora regional Servicio de Reinserción Social Juvenil de Tarapacá.