UDI Y RN piden a la Contraloría que se pronuncie sobre la interpretación del decreto “migratorio”

El diputado de la UDI, Renzo Trisotti, acompañado por sus pares de Renovación Nacional, Sofía Cid y José Miguel Castro, llegaron a la Contraloría General de la República para que se pronuncie respecto al Decreto 177, que según los congresistas no sólo fomenta el turismo laboral, sino que también en la interpretación de su articulado podría facilitar el tráfico de niños.

En este sentido, los legisladores argumentaron, que la propia ley de Ley de Migración y Extranjería (Nº21.325), establece las restricciones respecto de los permisos de permanencia transitoria, y que por lo mismo, las excepciones contenidas en ésta apuntan a razones “especialísimas” que confirman esa regla, y por lo tanto, no se puede cambiar la calidad migratoria de “transitoria” a “residencia”.

En esa línea el parlamentario por la Región de Tarapacá, señaló que: “El gobierno -de una manera mañosa, antojadiza e ideológica- pretende cambiar lo que estableció el Congreso Nacional en materia migratoria”.

Y agregó que: “Al parecer estos cambios que establecen que se vuelva a instaurar el turismo laboral, echan por la borda esfuerzos de años en materia legislativa por tratar de tener una migración que sea más regular, ordenada y segura. Con los cambios realizados, una excepción puede ser puede llegar a ser de carácter general, donde cualquier persona que ingresa como turista pueda cambiar dentro de nuestro territorio su calidad migratoria y se pueda terminar quedando en el país. Con esto se volvería a instaurar los miles de turistas que llegaron de Haití, República Dominicana y Venezuela, esto es una grave señal en minutos críticos y delicados en materia migratoria en todo el Norte del país”.

También, el diputado Renzo Trisotti realizó  un cuestionamiento al artículo 45 del referido decreto N°177 -publicado el 14 de mayo en el Diario Oficial- que desarrolla el alcance del permiso humanitario a niños, niñas y adolescentes. Respecto a dicha norma, los parlamentarios ya habían solicitado el pronunciamiento de la Defensoría de la Niñez, mediante oficio, ya que consideran que el decreto excede el marco legal y podría “suponer un llamado al ingreso irregular acompañado de niños, niñas y adolescentes como fórmula para obtener la residencia. Lo que a su paso podría facilitar el tráfico de menores” concluyó.