Sala aprobó admisibilidad de la acusación constitucional en contra del ministro Víctor Pérez quien renunció al cargo

País 03 de noviembre de 2020 Por Editor
Tras las exposiciones de los acusadores y de la defensa, se siguió un debate que culminó con la votación que aprobó la admisibilidad de la acusación, la cual deberá ser defendida ahora ante el Senado.
Ministro-Víctor-Pérez

Después de más de cinco horas y media de argumentaciones, análisis y debate, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, por 80 votos a favor, 74 en contra y una abstención, la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez.

La sesión, iniciada cerca de las 10:00 horas, partió con la exposición de la parte acusadora, por parte del diputado Gabriel Ascencio (DC), dado que la defensa no apeló a la denominada cuestión previa, que refuta el cumplimiento de los requisitos formales para la presentación del libelo. Luego fue el turno de la defensa, en la voz del abogado Gabriel Zaliasnik y del propio secretario de Estado.

Tras un debate en el que participaron, entre otros legisladores, tres de los integrantes de la comisión informante de la acusación (Loreto Carvajal, Alejandro Bernales y Jenny Álvarez, también la componían Fernando Meza y Joaquín Lavín), la Sala sometió a votación el punto, arrojándose el resultado ya mencionado.

Por efecto de lo anterior, se procedió, conforme a la normativa vigente, a nombrar una comisión de tres diputados para que formalice la acusación constitucional y prosiga el trámite ante el Senado. Para ello fueron nominados Loreto Carvajal, Gabriel Ascencio y Jaime Naranjo. Sin embargo, esta terna no fue aprobada por 67 votos a favor, 83 en contra y cuatro abstenciones. Una nueva propuesta en este punto será presentada en la próxima sesión.

Además, la Cámara deberá comunicar formalmente sobre el resultado al Senado y al afectado, dentro de las veinticuatro horas siguientes de concluida la sesión.

La norma también indica que el acusado quedará suspendido en sus funciones de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política (art. 52). Sin embargo, la disposición quedó superada en los hechos al presentar Víctor Pérez su renuncia al cargo. En todo caso, lo anterior no da por concluido el proceso de la acusación que, igualmente, deberá ser vista por el Senado.

Debate
La diputada Carvajal (PPD), quien presidió la citada comisión informante, expresó que el secretario de Estado habría observado con excesiva tolerancia la vulneración de los derechos humanos en el paro de camioneros y en el caso del joven del puente Pio Nono. En este marco, sostuvo que la seguridad pública siempre está a cargo del Ministerio del Interior.

Recordó, además, que los argumentos esgrimidos por la primera defensa de Víctor Pérez trataron de traspasar la responsabilidad de la conducción de Carabineros al Ministerio de Defensa, lo que provocó un problema entre ambas carteras. “Es totalmente bajo no hacerse cargo de la responsabilidad que, por ley, cada uno de nosotros tenemos, incluido el ministro”, afirmó la diputada.​

En el debate, el diputado Alejandro Bernales indicó que se debe apoyar el libelo porque existen responsabilidades del ministro. Planteó que la autoridad debe responder por sus acciones y omisiones como, por ejemplo, respecto de las diferencias de trato en materia de seguridad pública y que haya descartado aplicar la Ley de seguridad interior del Estado por el paro de camioneros.

“Mientras se resguardaba a quienes marchaban por el rechazo, se reprimía a los manifestantes por el apruebo en plaza Italia. (…) En los últimos tres meses no ha existido respeto irrestricto a los DD.HH., tampoco elementos de protección para Carabineros (…). No es tolerable que quienes deben resguardar la seguridad de los chilenos, vulneren los DD.HH.”, recalcó en sus argumentaciones.

La diputada Jenny Álvarez (PS) aseguró en la Sala que durante el estado de excepción el ministro del Interior es el responsable político de la cartera, pues no se suspenden ninguna de las obligaciones constitucionales y legales que lo ponen a la cabeza de las policías.

De este modo, y como se mantiene la obligación de un control jerárquico de Carabineros, el secretario de Estado es la única autoridad política que puede responder por la actuación de sus funcionarios y, por lo tanto, hay argumentos de mérito para aprobar la acusación. Es más, planteó que, incluso, hay bases para una nueva acusación por la muerte de un joven carabinero en un procedimiento en La Araucanía.

En el debate también intervinieron las y los diputados Matías Walker (DC), Carmen Hertz (PC), Luis Pardo (RN), Jaime Mulet (FRVS), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Jorge Brito (RD), Paulina Núñez (RN), Alexis Sepúlveda (PR) y María José Hoffmann (UDI).

RENUNCIA DEL MINISTRO

“Tomé la decisión de dar un paso al costado para que el Gobierno siga enfrentando la situación actual”, fue la frase con la que el ex ministro Pérez hizo pública su renuncia ante los medios de comunicación desde el Congreso en Valparaíso.

De todas formas, antes de anunciar la decisión, la eventual renuncia fue conversada al interior del Gobierno, principalmente porque ya se daba por hecho que la oposición alcanzaría los 78 votos mínimos que necesitaban.

De acuerdo a fuentes de La Moneda, la idea fue “amortiguar” los eventuales costos políticos que podría traer una destitución de Pérez a través del Congreso. Incluso, algunos personeros de Gobierno se acercaron a parlamentarios de la oposición para ver qué tan factible era detener el proceso con una renuncia del ex ministro del Interior.

Además, la renuncia permite que Pérez se postule a otros cargos de elección popular, no así si la acusación constitucional prospera, que de ser ratificada por el Senado, inhabilitará a la ex autoridad por hasta cinco años.

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