Caso Convenios: Decretan arresto domiciliario, firma y arraigo de imputados por fraude y estafa

En la audiencia de formalización, la magistrada Carolina Llanos Ojeda acogió las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, sin oposición ni de querellantes ni defensas.

País 11/01/2024 Editor Editor
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El Juzgado de Garantía de Concepción dejó hoy –jueves 11 de enero– sujetos a las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional a Tamara Jazmín Vidal Vera; y firma semanaL y arraigo nacional a Eduardo Javier Quezada Fuentes y Matías Fabián Godoy Alarcón, imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos de fraude al fisco y estafa. Ilícitos que habrían perpetrados desde mediados de 2022, en la comuna.

En la audiencia de formalización (causa rol 5.357-2023), la magistrada Carolina Llanos Ojeda acogió las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, sin oposición ni de querellantes ni defensas, por considerarlas proporcionales y adecuados para asegurar los fines del procedimiento. Además, mantuvo el plazo de investigación de 270 días, fijado en la audiencia de formalización de los primeros imputados, realizada el 30 de noviembre pasado.

Según el ente persecutor, a mediados de 2022, la imputada Camila Alondra Polizzi Fonceca concurrió hasta el Gobierno Regional (Gore), ubicado en calle Arturo Prat 501, Concepción, para solicitar financiamiento para la fundación “Conce Solidario”. En la repartición pública fue atendida por el imputado y entonces administrador regional, Rodrigo Martínez Fernández, quien le explicó que la fundación no cumplía con el requisito de tener una antigüedad de, a los menos, dos años, por lo que la derivó con el coimputado, el jefe de Desarrollo Social y Humano, Simón Acuña Medina, quien le sugirió que buscara otra fundación que cumpliera con la exigencia y que utilizara, además, un organismo técnico de capacitación para tercerizar actividades y así obtener el financiamiento.

Polizzi Fonceca y el también imputado Sebastián Polanco Torres contactaron a Gerardo Silva Salinas, presidente de la “Fundación en Ti”, a quien le ofrecieron un pago de $10.000.000 para utilizar dicha fundación, lo que les permitió postular a un proyecto de capacitación ciudadana para familias de Barrio Norte. En dicho contexto, Godoy Alarcón, a través del organismo técnico de capacitación, OTEC, Frumisal, el que adquirió concertado con los imputados Polizzi Fonceca y Polanco Torres, facilitó facturas por $30.000.000 por capacitaciones que nunca se realizaron. Quezada Alarcón, en tanto, facilitó cuatro boletas ideológicamente falsas por un total de $30.400.000.

La funcionaria del Gore, Vidal Vera, quien era la contraparte técnica del proyecto y estaba a cargo de supervisar su ejecución en Barrio Norte, no fiscalizó la ejecución de las actividades y capacitaciones comprometidas y tampoco solicitó la restitución de los fondos entregados a la “Fundación en Ti”, acción que le permitió a Polizzi Fonceca y Polanco Torres obtener $250.000.635 del Gobierno Regional.

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