Ministra Marcela Ríos anuncia la presentación de una modificación de ley que busca reponer la expulsión de extranjeros condenados por ley de drogas

Iquique 22 de agosto de 2022 Por Editor
Acompañada por el subsecretario de la cartera, Jaime Gajardo, y el delegado presidencial de la región de Tarapacá, Daniel Quinteros Rojas, la ministra de Justicia y DDHH, y Marcela Ríos, anunció la presentación de una modificación a la ley, que busca reponer la expulsión de extranjeros condenados por ley de drogas.
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La iniciativa exige cumplir ciertos requisitos para acceder a la pena sustitutiva, entre los que se contempla una condena no superior a 5 años y 1 día; que la persona no registre otras condenas, haber cumplido un tercio de la pena originalmente impuesta de manera efectiva y tener buen comportamiento.

Desde la ciudad de Iquique, la jefa de cartera señaló que “Esto es un paso clave, nosotros estuvimos en esta misma región hace un mes, y tal como lo comprometimos, regresamos con propuestas y evidencia en mano para hacernos cargo de una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, tal como nos lo han hecho saber. Respecto de la modificación, quienes hagan uso de la pena sustitutiva, se les va a imponer además, una prohibición de volver al país por 10 años, y en el caso que se les encontrara de regreso, tendrán que cumplir la pena efectiva en un recinto penal”.

En tanto, el subsecretario Gajardo añadió que “efectivamente esta es una medida esencial para nuestro sistema penitenciario, considerando que nuestro sistema penitenciario es clave para la seguridad pública de nuestro país. Que tengamos un sistema penitenciario que nos permita tener condiciones  necesarias para que se pueda realizar la reinserción social es fundamental”.

Antes de prohibirse la expulsión para Ley Nº 20.000, mediante la promulgación de la Ley Nº 21.325 de Migración y Extranjería, la mayoría de las órdenes judiciales de expulsión eran en casos de delitos contemplados en esta ley: De las expulsiones decretadas hasta 2019, la gran mayoría proviene de algún delito de ley de drogas, alcanzando aproximadamente un 90% de todas las expulsiones realizadas en el periodo 2012-2022.

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