Con las condenas por delitos de asociación ilícita y tráfico de drogas de nueve de sus miembros, incluido el líder, concluyó la investigación “Santa Cruz”, que logró desarticular una organización criminal conformada por ciudadanos colombianos, bolivianos y chilenos dedicados al tráfico ilícito de distintos tipos de droga, como cocaína, marihuana y “éxtasis”, y que fue llevada adelante por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Fiscalía de Tarapacá y la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones,
Tras 15 días de juicio oral, el fiscal especializado Carlos González pudo acreditar que esta organización operó en nuestro país a lo menos desde fines del año 2019 hasta junio de 2020, tanto en Tarapacá como en Santiago, y era liderada por el ciudadano colombiano Milton Andrés Salazar, quien tenía contacto con proveedores bolivianos para ingresar droga que luego era transportada y comercializada en distintas ciudades del país; y quien se encargaba del financiamiento para la adquisición de la mercadería y para el arriendo de departamentos en Iquique y en la capital, donde se desarrollaban las operaciones ilícitas.
También fue condenado uno de sus socios y mando medio, el acusado colombiano Tomás Cuesta Palacios, quien se preocupaba de la logística para el ingreso de la droga, coordinaba su entrega y transporte hasta la Región Metropolitana y también aportaba dinero para financiar las compras.
En el juicio quedó establecido que junto al envío de la droga (cocaína y marihuana) desde esta región a Santiago, también se enviaba de vuelta a Tarapacá importantes cantidades de tabletas de éxtasis, usando a conductores de una empresa de transporte interurbano de pasajeros para el traslado de la mercadería.
La organización tenía además brazos operativos que cumplían distintas funciones en Iquique y en la Región Metropolitana. Las ciudadanas bolivianas Carmen Quiroga Arroyo y María Montenegro Limachi operaban en la región haciendo los contactos con proveedores bolivianos, mientras que los acusados colombianos Marco Aurelio Gil y Jhonatan Dávila Vargas, y el acusado chileno Carlos Maldonado Ovando se encargaban de gestionar la internación y transporte de la mercadería adquirida, del traslado de la droga hacia la zona central por distintos medios y también de la administración y resguardo de los envíos y cobros de dinero de la asociación.
Junto a todos ellos también fueron condenados los ciudadanos bolivianos Héctor Gabriel Laime y Juan Espinoza Ponce, por su participación en el tráfico de 32 kilos 600 gramos de marihuana que se le incautaron a la organización cuando fue desbaratada. En esa fecha también se le incautó a la banda 5.396 comprimidos de MDMA o “éxtasis”.
Terminado el juicio, el jefe de la organización Milton Andrés fue condenado a las penas de 10 años y un día por el delito de asociación ilícita y 5 años y un día por el tráfico ilícito de estupefacientes. Por los mismos delitos fueron condenados los otros seis miembros de la banda a dos penas de 5 años y un día cada uno; mientras que Gabriel Laime y Espinoza Ponce fueron condenados por el tráfico de drogas a 5 años y un día de presidio efectivo.
Además se decretó el comiso de cuatro vehículos.
Para agosto se fijó el juicio en contra de otros tres miembros de esta organización.
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En fallo unánime (causa rol 8-2024), la Primera Sala del tribunal descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique.
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El Ministerio de Salud ya lanzó campaña que por primera vez en la historia del país, y de manera pionera en Latinoamérica, abarca a menores de seis meses de edad, gracias a la incorporación de Nirsevimab al Plan Nacional de Inmunización.
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