Corte Suprema confirma fallo que acogió demanda y ordenó restitución de sitio de la Zona Franca de Iquique

Iquique 20 de julio de 2021 Por Editor
Primera Sala declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el recurso de casación en el fondo, interpuestos por la parte demandada, en contra de la sentencia que le ordenó restituir sitio ubicado en el barrio industrial de la Zona Franca de Iquique, pagando las tarifas que se acumulen hasta la efectiva restitución del inmueble, libre de todo ocupante.
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La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el recurso de casación en el fondo, interpuestos por la parte demandada, en contra de la sentencia que le ordenó restituir sitio ubicado en el barrio industrial de la Zona Franca de Iquique, pagando las tarifas que se acumulen hasta la efectiva restitución del inmueble, libre de todo ocupante.

En fallo unánime (causa rol 14.484-2021), la Primera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Rosa María Maggi, Arturo Prado, Mauricio Silva Cancino, Rodrigo Biel y Juan Manuel Muñoz Pardo– descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Iquique, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda.

“Que la Corte recurrida, en cuanto al fondo del asunto, comparte los fundamentos y las decisiones del juez de la instancia, como señala expresamente en los motivos sexto y siguientes de su sentencia”, plantea el fallo.

La resolución agrega que: “En efecto, la Corte refiere que ‘… teniendo presente que precedentemente quedó asentado que la vigencia del contrato de usuario N° 2768, se encontraba sujeto a un plazo extintivo, se desprende de su sola lectura que la prórroga es una situación excepcional, por lo que la posibilidad de prorrogar la duración del mismo, necesariamente requiere un acuerdo de voluntades de los contratantes en este sentido, a lo menos en cuanto al plazo de la prórroga; y en consecuencia, no bastaba la mera solicitud escrita del usuario en tal sentido para prorrogar la duración del contrato, como lo propone el demandado. Ante dicho predicamento, concluye el tribunal que para que operara una prórroga del contrato analizado, no sólo era necesaria una solicitud escrita del usuario dentro de la oportunidad estipulada (que, para los efectos de la formación del consentimiento, constituía la oferta), sino que era indispensable que Zofri S.A., prestara su aceptación en ello, para la formación del consentimiento, lo que no se logra acreditar en autos con la prueba rendida, ya que no se demostró que Zofri S.A. manifestara su consentimiento con la finalidad de prorrogar el contrato sub iudice, por lo que forzoso resultaba rechazar las alegaciones expuestas por el demandado en ese aspecto’”.

“Que de lo dicho, resulta que las transgresiones que el recurrente estima se han cometido por los jueces del fondo persiguen desvirtuar, mediante el establecimiento de otros nuevos, los supuestos fácticos fundamentales asentados por aquéllos, esto es, que el contrato fue prorrogado y que la actora no habría acreditado su extinción’”, añade.

Para el máximo tribunal: “(…) asentado lo anterior, resulta pertinente recordar que solamente los jueces del fondo se encuentran facultados para fijar los hechos de la causa, y que efectuada correctamente dicha labor, al determinar éstos con sujeción al mérito de los antecedentes, probanzas aportadas por las partes, interpretación y aplicación de las normas atinentes al caso en estudio, ellos resultan inamovibles para este tribunal, conforme a lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, no siendo posible su revisión por la vía de la nulidad que se analiza, salvo que se haya denunciado eficazmente la infracción de normas reguladoras de la prueba, lo que no ha ocurrido”.

“(…) en efecto –prosigue–, en lo relativo a la infracción de las normas reguladoras de la prueba invocadas, habiendo revisado extensamente los antecedentes del proceso, la contravención al artículo 1698 del Código Civil no se advierte por esta Corte, desde que esta regla se infringe cuando la sentencia obliga a una de las partes a probar un hecho que corresponde acreditar a su contraparte, esto es, si se altera el onus probandi, lo que a la luz de los antecedentes no ha acontecido”. 

“Por ello, este asunto ha sido resuelto correctamente por los jueces del fondo, dado que la demandada alegó la mantención de un acto que, de su simple lectura, se encontraba extinto por vencimiento del plazo, siendo ella la encargada de probar su prórroga, lo que no ocurrió”, releva.

“Que, por lo que se viene razonando, lo que el tenor del recurso deja en evidencia es que las argumentaciones medulares que en él se contienen se orientan más bien a impugnar la valoración que de las probanzas rendidas hicieron los jueces del mérito, y de esa forma obtener, por esta vía, una nueva ponderación de los mismos para asentar hechos útiles a los propósitos de la parte demandada. Sin embargo, tal pretensión escapa a los márgenes de este recurso, el que desde luego, y en virtud de esta conclusión, no podrá prosperar”, concluye.

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