Diputados despachan proyecto que mejora la persecución del narcotráfico y del crimen organizado

País 16 de marzo de 2021 Por Editor
El texto, enviado ahora a trámite al Senado, también contiene una serie de normas relacionadas con el destino de los bienes incautados en esos delitos, para fortalecer las instituciones de rehabilitación y para evitar que las autoridades del país estén relacionadas con el consumo de drogas.
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En condiciones de pasar a su segundo trámite legislativo, luego de su aprobación por parte de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, quedó el proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social (boletines refundidos  13588, 11915,  12668 y  12776).

La propuesta, dada a conocer por medio del informe de la Comisión de Constitución, que rindió el diputado Sebastián Torrealba (RN), fue aprobada en su idea de legislar por 110 votos a favor, once en contra y 18 abstenciones, en sus normas generales; y por 122 votos a favor, cuatro en contra y doce abstenciones, en lo relativo a las normas de quórum de ley orgánica constitucional. En tanto que, en particular, el articulado fue ratificado luego de tres votaciones separadas.

En el debate, las y los legisladores estuvieron de acuerdo en la necesidad de combatir el narcotráfico y el crimen organizado, sin embargo, no hubo consenso respecto de si este proyecto de ley era la vía correcta para ello.

Para algunos, la propuesta es sólida y va en la dirección correcta; para otros, sus líneas contemplan avances valorables, pero insuficientes, reclamándose mayor acción en atacar a las grandes bandas que operan en el país. Otros, finalmente, estimaron que la iniciativa equivoca el foco y que debiera seguirse un camino distinto.

Entre los puntos destacados estuvo la norma que castiga con mayor severidad el uso de menores de edad para cometer delitos; los avances en materia de decomiso y lo relacionado con limitar el sustento de bienes y dinero de los narcotraficantes; el autorizar el cultivo de cannabis por razones medicinales; el poner barreras para la penetración en la política; y el presentar como inhabilidad la dependencia de las drogas para las autoridades del país.

Por otra parte, hubo quienes refutaron que las policías puedan ser beneficiarias de los bienes decomisados o el material incautado, estimándose más prudente derivar aquello hacia otras instituciones. Asimismo, se sostuvo que se ataca a los consumidores, en vez de ir en contra de los grandes traficantes; se reclamó falta de apoyo a la prevención y la rehabilitación; y se planteó como alternativa despenalizar el consumo de determinadas drogas para enfocarse en el tráfico.

Intervinieron en el debate Bernardo Berger (RN), Marcos Ilabaca (PS), Matías Walker (DC), Fernando Meza (IND), Miguel Mellado (RN), Cristhian Moreira (UDI), René Saffirio (IND), Marcelo Díaz (IND), Gonzalo Fuenzalida (RN), Jaime Mulet (FRVS), Leonardo Soto (PS), Andrea Parra (PPD), José Pérez (PR), Vlado Mirosevic (PL), Pepe Auth (IND), Iván Flores (DC), Sebastián Torrealba (RN), Raúl Leiva (PS), Maite Orsini (RD), Cristóbal Urruticoechea (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Natalia Castillo (IND), Ricardo Celis (PPD), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Raúl Soto (IND), Sebastián Álvarez (Evópoli), Camila Vallejo (PC), Jorge Alessandri (UDI), Rubén Moraga (PC), Hugo Rey (RN) y Amaro Labra (PC).

Inhabilidades para autoridades

El proyecto de ley crea (o amplia el concepto, en caso de que ya rija una norma al respecto) una inhabilidad para las principales autoridades del país que les impide ejercer su cargo si presentan dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico.

Para lo anterior se efectúan modificaciones a la Ley de Drogas, al Código Orgánico de Tribunales y las Leyes Orgánicas Constitucionales del Congreso Nacional, de Bases Generales de la Administración del Estado, de Gobierno y Administración Regional, del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público y del Banco Central de Chile.

Conforme a lo anterior, quedan afectos a la norma: el Presidente de la República, los ministros de Estado y los subsecretarios; los diputados y senadores; los delegados presidenciales regionales y delegados presidenciales provinciales; los gobernadores regionales y consejeros regionales; los alcaldes y concejales; los integrantes del Tribunal Constitucional; el fiscal nacional, así como los fiscales regionales y adjuntos; los consejeros o directivos superiores del Banco Central; y los jueces y miembros del escalafón primario del Poder Judicial.

Adicionalmente, se modifican las Leyes Orgánicas de los Partidos Políticos y sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, para regular el financiamiento de los partidos y de las campañas electorales, prohibiendo, por ejemplo, recibir aportes de personas naturales respecto de las cuales se hubiese formalizado la investigación por delitos relacionados al narcotráfico.

También se efectúan enmiendas a la Ley Orgánica Constitucional y sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para prohibir que sean candidatos a ninguna elección popular quienes se encuentren formalizados de la investigación por delitos relacionados con el narcotráfico, entre otros.

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