Defensoría de Tarapacá asumió complejo caso de parricidio en precordillera

Región 20 de enero de 2021 Por Editor
Hechos ocurrieron en pequeño poblado a 120 kilómetros, al interior de Iquique, causando la muerte de esposa e hijo pequeño del detenido.

Con un esquema de trabajo colaborativo, multidisciplinario, especializado y comprometido con sus usuarios, la Defensoría Regional de Tarapacá logró que la Justicia Penal acogiera sus argumentos en uno de los casos más complejos registrados en los últimos años en la zona. En la oportunidad se consiguió que el tribunal decretara la suspensión provisional del procedimiento, internando al detenido en la Unidad de Siquiatría del penal de la ciudad de Arica. Logrando además, sobre la base de argumentos jurídicos especializados, que la Ilustre Corte de Iquique confirmará dicha resolución.

La causa trata de un hombre de 34 años, imputado por delitos de femicidio, parricidio, homicidio frustrado, lesiones leves y posesión de arma de fuego, ocurridos en la localidad precordillerana de Sibaya, a 120 kilómetros de Iquique. Como víctimas se consigna a su esposa y un hijo de 4 años.

La internación de A. V.B. se mantiene en espera de que se terminen las diversas pericias siquiátricas y sicológicas solicitadas por el defensor penal público, Eduardo Cabrera, quien quedó a cargo.

“Aquí hubo una actuación temprana, perspicaz, colaborativa y eficaz de todos los funcionarios, tal como lo prescribe nuestro Modelo de Defensa por Artículo 458 (por enajenación mental)”, explica la Jefa de Estudios Regional, Karina Reyes, detallando que la institución tiene varias líneas de especialización, estructuradas para asumir  los expedientes de personas que pertenezcan a grupos vulnerables. “Entre ésos están quienes presumamos que padezcan enfermedades siquiátricas”, puntualizó.

En torno a la aprehensión de A.V.B.  el equipo de la Defensoría Regional de Tarapacá debió superar las dificultades propias de una situación surgida un fin de semana (sábado 9 enero), en una localidad rural lejana y aislada, en una situación trágica, mediática y con un detenido sin familia directa en la zona.

“Fueron claves la rápida intervención y dedicación de nuestros defensores, como lo hizo Paula Pavez, quien a las primera horas de detectado el suceso logró entrevistar al detenido y detectar los antecedentes claves para entender sus posibles motivos. Luego, Claudio Rojas, concurrió personalmente a la comisaría ubicada al interior de la región, en Pozo Almonte, un domingo en la tarde, y enfrentó una espera de cuatro horas para poder profundizar en la versión del detenido”, especifica Karina Reyes.

Paralelamente, la Encargada de la Unidad de Apoyo a la Gestión de Defesa, Milenka Marchant lograba contactar, entrevistar y contener a los familiares del detenido, llegados a las pocas horas desde la Región de Coquimbo, logrando documentados antecedentes sobre las condiciones sicológicas de A. V.B., y monitoreando su estado de salud. Por su parte, la Facilitadora Intercultural, Andrea Mamani, verificó antecedentes para corroborar si el detenido pertenecía a un pueblo originario.

Posteriormente, el equipo consiguió que un perito acudiera prontamente al Hospital Penitenciario de Alto Hospicio y lograra entrevistar al usuario y elaborar un informe forense en psicología.

Con esos datos como uno de los fundamentos claves, el defensor Eduardo Cabrera construyó la argumentación jurídica presentada en la audiencia de Control de Detención ante el Tribunal de Garantía de Alto Hospicio, citado el artículo 458 del Código Procesal Penal, que considera la eventual aparición de “antecedentes que permitieren presumir la inimputabilidad por enajenación mental del imputado”.

 En la ocasión, el juez de Garantía de Pozo Almonte, Edgardo Castro, acogió lo postulado por la defensa pública y dictaminó la internación provisional del imputado y la suspensión transitoria del procedimiento a la espera de la realización de los exámenes siquiátricos solicitados.

Finalmente, frente a la interposición de apelaciones contra lo resuelto por el Tribunal de Pozo Almonte, el defensor público Andrés Hidalgo, trabajando cooperativamente con el titular de la causa y la Unidad de Estudios Regional, logró que la Corte de Apelaciones de Iquique confirmara lo resuelto, declarando que lo dictaminado se ajusta a derecho.

“Atender rápidamente al imputado, dialogar y contener a sus familiares, recabar antecedentes valiosos, convocar a profesionales claves y armar una fundamentación jurídica consistente, dan cuenta de un sólido trabajo de equipo, del cual no podemos sino sentirnos orgullosos”, valoró el defensor Regional de Tarapacá, Gabriel Carrión, al abordar el tema. El personero destacó también que en la zona existe una relación armónica de las instituciones del Sistema de Justicia Penal, lo que, a su juicio, se ve reflejado en la forma adecuada como se ha llevado esta mediática experiencia.

En las audiencias de este caso, por haber una víctima mujer y un niño, también estuvieron presentes la Defensoría de la Niñez y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y del Programa de Representación Jurídica.

 

 

Te puede interesar