Tras una tensa discusión reglamentaria y de los acuerdos administrativos adoptados al inicio de la actual legislatura, la Sala del Senado zanjó los nombres en votaciones de mayoría.
La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, presentó ante la Comisión de Trabajo el proyecto de ley que establece un beneficio para los afiliados y pensionados calificados como enfermos terminales.
La propuesta del Ejecutivo busca que todo afiliado que sea calificado como inválido total y que sufra una enfermedad terminal, tenga derecho a percibir una pensión como renta temporal, calculada para un periodo de dos años, y que será pagada por la AFP con cargo al saldo de la cuenta de capitalización individual.
Asimismo, aquellos afiliados y beneficiarios pensionados por vejez, vejez anticipada, invalidez total o sobrevivencia y que presenten una condición de enfermo terminal, tendrán derecho a un recálculo de su pensión.
Para estos efectos, se entenderá por enfermo terminal a toda persona con una enfermedad o condición patológica grave que haya sido diagnosticada, de carácter progresivo e irreversible, sin tratamiento específico curativo o que permita modificar su sobrevida, o bien cuando los recursos terapéuticos utilizados han dejado de ser eficaces, y, en ambos casos, con una expectativa de vida inferior a 12 meses.
Sobre la iniciativa, la ministra Zaldívar remarcó que esta va en línea de respetar el sistema de pensiones, manteniendo una pensión mensual para los afiliados calificados como enfermos terminales y permitiendo, a su vez, el retiro de un porcentaje de los fondos disponibles.
Añadió que este retiro será diferente en caso que los afiliados afectados tengan beneficiarios de pensión de sobrevivencia (cónyuges e hijos menores de 18 o 24 años -si se encuentran estudiando-), para lo cual el sistema propuesto reservará el 60% de los fondos acumulados para cumplir con esta obligación, así como la cuota mortuoria, antes de hacer la proyección de pensión.
Tras la presentación del texto, la diputada Natalia Castillo (RD) y el diputado Tucapel Jiménez (PPD), consultaron porqué el proyecto no contempla el retiro del 100% de los fondos acumulados y cómo colisiona este con el proyecto de reforma constitucional en trámite en la Comisión de Constitución, que busca similar objetivo.
Al respecto, la ministra Zaldívar sostuvo que a juicio del Ejecutivo el camino para regular esta materia es por la vía de una modificación legal y no una reforma constitucional y que, por ende, este es el proyecto que debiera primar. Asimismo, descartando el retiro total, dijo que esto se debe realizar dentro de los márgenes de seguridad social, garantizando pensiones y prestaciones, donde estas personas tengan así como garantizar una pensión por el tiempo de sobrevida estimada.
La personera señaló que se requiere de una institucionalidad que se haga cargo, y que para ello el proyecto establece plazos acotados para el proceso y que el mayor gasto que se incurra en las Compin será de cargo de los fondos de la Superintendencia de pensiones.
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