Fiscalía de Alto Hospicio y Britrap detienen a mujer haitiana por tráfico de niño de 7 años

Por el delito de tráfico de personas agravado -al poner en peligro la vida de la víctima y ser ésta un menor de edad-, fue formalizada por la Fiscalía de Alto Hospicio una ciudadana haitiana que habría ingresado en forma clandestina al país a un niño de 7 años de edad a cambio de dinero.

En la audiencia de formalización, la fiscal especializada en estos delitos Camila Albarracín explicó que la imputada W.S.C., junto a otros imputados no individualizados, entre marzo y agosto de este año, promovió la entrada ilegal al país de un niño de 7 años, cobrándole una suma de dinero a su madre que reside en Chile, con el fin de ingresar al niño clandestinamente a Chile luego de trasladarlo desde Brasil hasta la frontera de Bolivia con nuestro país.

Es así que en horas de la madrugada, entre el 16 y 23 de agosto, la imputada, acompañada de otro sujeto, ingresó ilegalmente a Chile junto con el niño a través de un paso no habilitado en la localidad de Colchane, previo pago de la suma de 125 mil pesos entregados por la madre del menor de edad. La imputada caminó en horas de la madrugada con la víctima por varios kilómetros, con temperaturas muy extremas. Una vez en Alto Hospicio, la imputada y el segundo sujeto dejaron a la víctima en un domicilio de Pasaje 4, sector de La Pampa.

La fiscal explicó que fue la propia madre del niño quien denunció los hechos en la localidad de Graneros, indicando que había pagado  950 dólares a una supuesta agencia de viajes en Haití para que trajeran a su hijo hasta Chile y que éste habría estado viajando desde marzo hasta la fecha, pasando por República Dominicana, Guyana, Brasil y Bolivia. También entregó mensajes que habría sostenido con la imputada durante el viaje y los comprobantes de los depósitos que le realizó para la manutención del niño.

La fiscal dio cuenta también que el niño actualmente está hospitalizado dada su mala condición de salud, ya que tiene una compleja infección en su piel y en sus genitales y un grave estado de desnutrición.

Por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad, por el peligro de fuga y porque pudiera entorpecer las diligencias de investigación, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de la imputada, petición que fue acogida por el magistrado Nicolás Usón, quien fijó un plazo de investigación de 100 días.