El Congreso aprobó la noche del miércoles el proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, el que, junto con el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, terminará con el Sename. El objetivo es separar las funciones en dos nuevos servicios, logrando una protección más efectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA).
Luego de un año y diez meses de tramitación, el Congreso aprobó la nueva institucionalidad, que crea un servicio público dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Subsecretaría de la Niñez, encargado de proveer la oferta de protección especializada para los niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, con un foco en el bienestar e interés superior de cada niño, y un enfoque familiar que permita intervenciones integrales y eficaces.
El ministro Sichel afirmó que “esta ley permite cerrar una deuda del estado con la protección de los niños, y comienza un desafío mayor: poner al Estado al servicio de la protección de la infancia. Como Gobierno seguimos avanzando en poner a los niños en la prioridad de la acción de estado”.
En esa línea, la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, comentó: “Han pasado más de 8 años desde que se presentó por primera vez un proyecto que terminaba con el Sename, en la primera administración del presidente Piñera; hace más de 4 años falleció Lisette Villa, y hace casi 2 años comenzamos la tramitación de este proyecto. Estamos contentos por este gran avance, pero nos debe avergonzar que muchos de los niños que hace 9 años estaban bajo la protección del Estado ya son adultos o, incluso, ya no están. Por eso, esperábamos comenzar la implementación del Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia, un proyecto construido con la oposición y con participación de la sociedad civil y Unicef, pero tendrá que esperar a raíz del artículo transitorio introducido en la comisión mixta por la oposición, que no permite su entrada en vigencia”.
Respecto a esto último, el ministro Sichel aseguró que “estamos analizando medidas que permitan acelerar la implementación rápida de esta ley a través de perfeccionamientos en la misma”.
El proyecto deberá ir a revisión del Tribunal Constitucional antes de ser promulgado y publicado. Después de esto existe un plazo máximo de un año para instalar, hacer los reglamentos, las calificaciones de quienes se contraten y comenzar a operar.
Uno de los principales cambios del servicio será que el sujeto de atención no solo será el niño, sino también su familia, con foco en el interés superior del niño, en la reparación y restitución de sus derechos. Además de contar con drásticas sanciones en caso de vulneración de derechos o mal uso de recursos y un consejo de Expertos encargado de asesorar, acompañar y asegurar la independencia en la toma de decisiones.
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Por Rodrigo Vargas Briones, seremi de Gobierno de Tarapacá.
