El jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (RD), compareció finalmente este lunes ante la comisión investigadora por el Caso Convenios de la Cámara de Diputados, en el marco de su tercera citación por estos hechos.

La reunión tiene por objetivo reunir información acerca de las transferencias realizadas en el marco del programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, una de las aristas que se investigan en el caso Convenios.

Crispi, también exdiputado, había declinado asistir a las dos primeras citaciones argumentando que está contratado a honorarios y, por lo tanto, no sería técnicamente un funcionario público, tesis que fue desechada por el contralor Jorge Bermúdez.

"Estoy aquí con la disposición de colaborar, en todo cuanto pueda, con los fines de esta comisión. Como exparlamentario, comprendo totalmente el rol fiscalizador y lo respeto. Escuché atentamente las palabras del contralor, y el sentido que hay detrás de ellas es indican un cierto deber en mi caso como exsubsecretario, y también lo extiende de alguna manera a todos quienes cumplen funciones públicas", apuntó Crispi al comenzar la sesión.

En esa línea, "de manera de no importunar ni aumentar la tensión, es que tomo la decisión de estar aquí presente, para poder colaborar con las preguntas que sus colegas puedan hacer, para poner luz en un hecho que indigna a todo Chile".

Posteriormente, excusó sus ausencias anteriores por un "deber de reserva como asesor presidencial".

También descartó haber sido citado a declarar ante Fiscalía por esta causa, aunque -según él- solicitó a su abogado que acelere tal diligencia.

DEMOCRACIA VIVA Y PROCULTURA
Consultado sobre el caso Democracia Viva destapado en Antofagasta, señaló que "como jefe de asesores, tomé conocimiento de un rumor en relación con esto el 7 de junio, antes que el Presidente de la República. No hay un documento escrito ni un Whatsapp".

"Mi ponderación fue que este rumor fuera derivado a la Subsecretaría de Vivienda, porque la subsecretaria (su correligionaria Tatiana Rojas) es la superior jerárquica de los seremi. La llamé por teléfono y le dije que se investigue, que se tomen las decisiones que se tengan que tomar", pero no hubo más conversaciones tras aquel contacto, "porque dicho sea de paso, mis funciones como jefe de asesores están muy alejadas de estos temas".

Respecto del "caso fachadas", como se conoce al trato directo entre el GORE de Antofagasta y ProCultura, aseguró que "no me arrepiento" de haber avalado tal relación, ya que "si lo hubiese hecho en contrario, habría razones suficientes para que en ese entonces, como subsecretario, se me hubiera citado a una comisión investigadora para preguntarme '¿Por qué usted no le puso la firma, si es lo que correspondía? ¿Por qué fue arbitrario?'".

Zanjado aquello, procedió a explicar cómo se gestó ese vínculo: "La primera solicitud que hace el Gobierno Regional para que la Subdere le dé la calidad de colaborador a subejecutora del Estado a la fundación ProCultura viene del Gobierno anterior, del 2 de febrero (de 2022). Por tanto, desde el origen no pudiera haber una intencionalidad particular con esta fundación de nuestro Gobierno".

"El 7 de julio (del mismo año), el gobernador de Antofagasta señala: 'Solicito a usted evaluar la suplementación del 50% del programa' y como respuesta -y ese es el último oficio del que puedo informar, del 13 de julio-, como subsecretario digo que no", aseveró.